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 Sociología - Michel Foucault (1975) Vigilar y Castigar - Resumen - Página 2 de 10

 

VIGILAR Y CASTIGAR

Michel Foucault

(continuación) SUPLICIO

La antigua pareja del falso punitivo, el cuerpo y la sangre, ceden el sitio. Entra en escena, cubierto el rostro, un nuevo personaje, entidades impalpables. El aparato de la justicia punitiva debe morder ahora en esta realidad sin cuerpo. Hoy castigar no es simplemente convertir un alma.

Primero, una sustitución de objetos. No se ha pasado de pronto a castigar otros delitos. La definición de infracciones, los márgenes de indulgencia, todo esto se ha modificado ampliamente desde hace 200 años; muchos delitos han dejado de serlo, por ejemplo la blasfemia ha perdido su status de delito; el contrabando y el robo doméstico, una parte de su gravedad.

 
Pero estos desplazamientos no son el hecho más importante: la división entre lo permitido y lo prohibido ha conservado, de un siglo a otro, cierta constancia. En cambio, el objeto “crimen”, aquello sobre lo que se ejerce la práctica penal, ha sido profundamente modificado: la calidad, el carácter, la sustancia de que está hecha la infracción, más que su definición formal.

Bajo el nombre de crímenes y de delitos, se siguen juzgando efectivamente objetos jurídicos definidos por el Código, pero se juzga a la vez pasiones, instintos, anomalías, achaques, inadaptaciones, efectos de medio o de herencia; se castigan las agresiones, pero a través de ellas las agresividades; las violaciones, pero a la vez, las perversiones; los asesinatos que son también pulsiones y deseos. Son esas sombras detrás de los elementos de la causa las efectivamente juzgadas y castigadas. Juzgadas por el rodeo de las “circunstancias atenuantes”, que hacen entrar en el veredicto una cosa que no es jurídicamente codificable: el conocimiento del delincuente, la apreciación que se hace de él, lo que puede saberse de su pasado y de su delito, lo que se puede esperar de su futuro. Juzgadas, lo son también por el juego de esas nociones que han circulado entre la medicina y la jurisprudencia desde el S XIX (monstruos, anomalías psíquicas, perversos, inadaptados), y que con el pretexto de explicar un acto, son modos de calificar a un individuo. Castigadas, lo son con una pena que  se atribuye por función la de volver al delincuente “deseoso y capaz de vivir respetando la ley y de subvenir a sus propias necesidades”; lo son por la economía interna de una pena que, si bien sanciona el delito, puede modificarse, según que se transforme el comportamiento del condenado; lo son también por el juego de esas “medidas de seguridad” de que se hace acompañar la pena (interdicción de residencia, libertad vigilada, tutela penal, tratamiento médico obligatorio), y que no están destinadas a sancionar la infracción, sino a controlar al individuo, a neutralizar su estado peligroso.

 

 
 

El alma del delincuente no se invoca en el tribunal a los únicos fines de explicar su delito, ni para introducirla como un elemento en la asignación jurídica de las responsabilidades; si se la convoca, con tanto énfasis y con tan grande aplicación “científica”, es realmente para juzgarla, a ella al mismo tiempo que al delito, y para tomarla a cargo del castigo.

En todo el ritual penal, desde la instrucción hasta la sentencia y las últimas secuelas de la pena, se ha hecho penetrar un género de objetos que vienen a doblar, pero también a disociar, los objetos jurídicamente definidos y codificados. El examen pericial psiquiátrico, pero de forma más general la antropología criminal y el discurso de la criminología, encuentran aquí una de sus funciones precisas: inscribir las infracciones en el campo de los objetos susceptibles de un conocimiento científico, proporcionar a los mecanismos del castigo legal un asidero justificable no ya simplemente sobre las infracciones, sino sobre los individuos; no ya sobre lo que han hecho, sino sobre lo que son, serán y pueden ser. Los jueces, poco a poco, se han puesto, pues, a juzgar otra cosa distinta de los delitos: el “alma” de los delincuentes. Y se han puesto, por lo mismo, a hacer algo distinto de juzgar. Desde que la Edad Media construyó el gran procedimiento de la información judicial, juzgar implicaba un conocimiento de la infracción, un conocimiento del responsable, y un conocimiento de la ley. En el curso del juicio penal, se encuentra inscripta hoy en día una cuestión relativa a la verdad, muy distinta. Todo un conjunto de juicios apreciativos, diagnósticos, pronósticos, normativos, referentes al delincuente. Otra verdad ha penetrado la que requería el mecanismo judicial: una verdad que hace de la afirmación de culpabilidad un extraño complejo científico-jurídico. Tomemos la manera en que la cuestión de la locura ha evolucionado en la práctica penal. Según el Código francés de 1810, si el autor de un delito estaba loco, el delito mismo desaparecía. Era imposible declarar a alguien a la vez culpable y loco; el diagnóstico de locura, si se planteaba, no podía integrarse en el juicio. Los tribunales del S XIX se equivocaron en cuanto al sentido de lo planteado en ese artículo anterior. Han admitido que podía ser culpable y loco; culpable pero para encerrarlo y cuidarlo más que para castigarlo. Desde el punto de vista del Código penal, eran otros tantos absurdos jurídicos. Ya la reforma de 1832, que introducía las circunstancias atenuantes, permitía modular la sentencia de acuerdo con los grados supuestos de una enfermedad o las formas de una semilocura. Y la práctica, general en los tribunales, del examen pericial psiquiátrico, hace que la sentencia, aunque siempre formulada en términos de sanción legal, implica juicios de normalidad, asignaciones de causalidad, apreciaciones de cambios eventuales, anticipaciones sobre el porvenir de los delincuentes. Operaciones que se integran directamente en el proceso de formación de la sentencia. En lugar de que la locura anule el delito, todo delito ahora, y en el límite, toda infracción llevan en sí mismo como una sospecha legítima de locura, de anomalía. Y la sentencia que condena o absuelve no es simplemente juicio de culpabilidad, sino que lleva una apreciación de normalidad y una prescripción técnica para una normalización posible. El juez de nuestros días hace algo muy distinto que “juzgar”.


 
   


Y no es el único que juzga.
A lo largo del procedimiento penal, y de la ejecución de la pena, bullen toda una seria de instancias anejas, de jueces paralelos: psiquiatras, psicólogos, magistrados de la aplicación de las penas, educadores, funcionarios de la administración penitenciaria se dividen el poder legal de castigar; se dirá que ninguno de ellos comparte realmente el derecho de juzgar. Los expertos no intervienen antes de la sentencia para emitir un juicio, sino para ilustrar la decisión de los jueces. Pero desde el momento en que se confía a otros que no son los jueces de la infracción el cometido de decidir si el condenado “merece” ser puesto en semilibertad o en libertad condicional, si es posible poner término a su tutela penal, son realmente mecanismos de castigo legal los que se ponen en sus manos y se dejan a su apreciación: jueces anejos, pero jueces después de todo. En cuanto a los expertos psiquiatras, desde la circular de 1958, les toca decir si el sujeto es “peligroso”, de qué manera protegerse de él, cómo intervenir para modificarlo, y si es preferible tratar de reprimir o de curar.

Resumamos
, desde que funciona el nuevo sistema penal –el derecho definido por los grandes códigos de los siglos XVIII y XIX–, un proceso global ha conducido a los jueces a juzgar otra cosa que los delitos; han sido conducidos en sus sentencias a hacer otra cosa que juzgar; y el poder de juzgar ha sido transferido, por una parte, a otras instancias que los jueces de la infracción. La operación penal entera se ha cargado de elementos y de personajes extrajurídicos. Se dirá que no hay en ello nada extraordinario, que es propio del destino del derecho absorber elementos que le son ajenos. Pero hay algo singular en la justicia penal moderna: que si se carga tanto de elementos extrajurídicos, no es para poderlos calificar jurídicamente e integrarlos al estricto poder de castigar; es, por lo contrario, para poder hacerlos funcionar en el interior de la operación penal como elementos no jurídicos; es para evitar que esta operación sea pura y simplemente un castigo legal; para disculpar al juez de ser pura y simplemente el que castiga. La justicia criminal no funciona hoy ni se justifica sino por esta perpetua referencia a algo distinto de sí misma, por esta incesante reinscripción en sistemas no jurídicos y ha de tender a esta recalificación por el saber.

Una saber, unas técnicas, unos discursos “científicos” se forman y se entrelazan con la práctica del poder de castigar.


Objetivo de este libro: una historia correlativa del alma moderna y de un nuevo poder de juzgar; una genealogía del actual complejo científico-judicial en el que el poder de castigar toma su apoyo, recibe sus justificaciones y sus reglas, extiende sus efectos y disimula su exorbitante singularidad.

Pero ¿desde dónde se puede hacer esta historia del alma moderna en el juicio? Si nos atenemos a la evolución de las reglas de derecho o de los procedimientos penales, corremos el peligro de destacar como hecho masivo, externo, un cambio en la sensibilidad colectiva, un progreso del humanismo, o el desarrollo de las ciencias humanas. El presente estudio obedece a cuatro reglas generales:

  1. No centrar el estudio de los mecanismos punitivos en sus únicos efectos “represivos”, sino reincorporarlos a la serie de los efectos positivos que pueden inducir. Considerar el castigo como una función social compleja.
  2. Analizar los métodos punitivos no como simples consecuencias de reglas de derecho o como indicadores de estructuras sociales, sino como técnicas específicas del campo más general de los demás procedimientos de poder. Adoptar en cuanto a los castigos la perspectiva de la táctica política.
  3. En lugar de tratar la historia del derecho penal y la de las ciencias humanas como dos series separadas cuyo cruce tendría un efecto perturbador o útil, buscar si no existe una matriz común y si no dependen ambas de un proceso de formación “epistemológico-jurídico”; en suma, situar la tecnología del poder en el principio tanto de la humanización de la penalidad como del conocimiento del hombre.
  4. Examinar si esta entrada del alma en la escena de la justicia penal, y con ella la inserción en la práctica judicial de todo un saber “científico”, no será el efecto de una transformación en la manera en que el cuerpo mismo está investido por las relaciones de poder.

En suma, tratar de estudiar la metamorfosis de los métodos punitivos a partir de una tecnología política del cuerpo donde pudiera leerse una historia común de las relaciones de poder y de las relaciones de objeto.

No soy el primero que ha trabajado en esta dirección. Del libro de Rusche y Kirchheimer se pueden sacar puntos de referencia esenciales. Primero, desprenderse de la ilusión de que la penalidad es ante todo una manera de reprimir delitos, y que puede ser severa o indulgente, dirigida a la expiación o encaminada a obtener una reparación, aplicada a la persecución o a la asignación de responsabilidades colectivas. Analizar más bien los “sistemas punitivos concretos”, estudiarlos como fenómenos sociales de los que no pueden dar razón la sola armazón jurídica de la sociedad ni de sus opciones éticas fundamentales; situarlos en su campo de funcionamiento donde la sanción de los delitos no es el elemento único; demostrar que las medidas punitivas no son simplemente mecanismos “negativos” que reprimen, impiden, excluyen, suprimen, sino que están ligados a toda una serie de efectos positivos y útiles. En esta línea, Rusche y Kirchheimer han puesto en relación los diferentes regímenes punitivos con los sistemas de producción de los que toman sus efectos; así en una economía servil los mecanismos punitivos tendrían el cometido de aportar una mano de obra suplementaria, y de construir una esclavitud “civil”; con el feudalismo, se asistiría a un brusco aumento de los castigos corporales, por ser el cuerpo en la mayoría de los casos el único bien accesible, y el correccional – el Hospital general–, el trabajo obligado, la manufactura penal, aparecerían con el desarrollo de la economía mercantil. Pero al exigir el sistema industrial un mercado libre de mano de obra, el trabajo obligatorio hubo de disminuir en el S XIX, sustituido por una detención con fines correctivos. No son pocas las observaciones que hacer sobre esta correlación estricta.

Pero podemos sentar la tesis general de que en nuestras sociedades, hay que situar los sistemas punitivos en cierta “economía política” del cuerpo: incluso si no apelan a castigos violentos, incluso cuando utilizan los métodos “suaves” que encierran o corrigen, siempre es del cuerpo del que se trata –del cuerpo y de sus fuerzas, de su docilidad, de su sumisión–. ¿Es posible hacer una historia de los castigos sobre el fondo de una historia de los cuerpos?
 





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Palabras claves: Michel Foucault, vigilar, castigar, suplicio, disciplina, panoptismo.

 
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